Ya lo advertí en mi post del 26 de enero, La Revolución ha llegado. Hoy, tras cuatro meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, todos los resortes de poder democrático están cautivos. El poder judicial se encuentra retenido y coaccionado; la fiscalía está amordazada y gobernada por el brazo del PSOE, representado por quien en cualquier país democrático de solera hubiera sido apartada del cargo y encausada, la fiscal-jefe y ex ministra de justicia, Lola Delgado, tres veces reprobada en el Congreso. Los medios televisivos han sido comprados con dinero contante y sonante por el gobierno y con cientos de millones en propaganda institucional. Las redes sociales están siendo controladas y censuradas. La Guardia Civil y el Ejército están siendo desmantelados y purgados. Todas las instituciones han sido penetradas por los políticos en el poder. El Congreso está ausente y los congresistas confinados en sus casas. El gobierno compra los votos de los representantes de algunas Comunidades Autónomas a cambio de dádivas; dádivas hacia el País Vasco, hacia Cataluña, hacia Cantabria, hacia un diputado de Teruel Existe, y ahora promete nuevas dádivas al partido Ciudadanos que tantas ilusiones había despertado en Cataluña y en toda España. Se compran votos con la ley del Ingreso Mínimo y se seguirán comprando mediante mil fórmulas ilegítimas que el gobierno declarará legales. Cuando llegue la hora de las próximas elecciones—si es que llega—las nuevas leyes electorales permitirán que los partidos del gobierno den un pucherazo que les posibilite mantenerse indefinidamente en el poder. La función ya lleva orquestándose tres años, primero como gobierno en funciones y ahora con las leyes del confinamiento. Decretos-Ley “paridos” por el Consejo de Ministros sin discusión parlamentaria que bogan por dar un golpe de Estado que parezca legal. La mentira, la ignominia, la falsedad más escandalosa, son lanzadas cada día por el gobierno como verdades irrefutables que vienen refrendadas por las sumisas cadenas de televisión. No hay mentira, locura, iniquidad, abuso de poder, que no haya cometido ya este gobierno. La ley recién aprobada por el Consejo de Ministros –para eso sirven las prórrogas de confinamiento— , de Defensa de Protección a la Infancia, boga en la misma dirección. El Estado arrebata la patria potestad a los padres y amenaza con vigilar a las familias y a las redes sociales y penalizar todo “radicalismo”, es decir, todo cuanto no guste al gobierno y no forme parte de lo Políticamente Correcto. Los partidos se han convertido en sectas dedicadas al lucro y al poder. Nadie se atreve a discrepar de las opiniones de los jefes de filas, auténticos capos mafiosos que no dudarían en aniquilar políticamente a los discrepantes. Solo los extremos mantienen sus principios. Podemos, cuya pretensión es instalar un régimen neocomunista al estilo de Cuba o Venezuela, y VOX, partido de derechas que se mantiene aún impoluto pero que es atacado como si fuera la encarnación del diablo. El PSOE ha sido desmantelado y rehecho a imagen de ese psicópata sin cerebro que es Pedro Sánchez, cuya única finalidad es el poder, manejado por el otro mucho más inteligente psicópata y que sabe lo que quiere, Pablo Iglesias. Las huestes de agresivos jóvenes descerebrados clamando por imponer la locura y la mediocridad. El Estado de Sitio ha funcionado. La separación y equilibrio de poderes democráticos han sido derruidos. Locke y Montesquieu han sido enterrados de nuevo. La democracia está dando sus últimos estertores. Estamos llegando a Venezuela.